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La Reforma de los “enredamientos urbanos”

By enero 31, 2019 No Comments
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En los últimos días hemos presenciado una derogación de la reforma en materia de alquileres más breve de la historia.

La fuerza del poder ejecutivo, formado por el gobierno, viene marcada por las mayorías que lo formen y respalden en el Congreso de los Diputados.

El artículo 86 de la Constitución Española establece que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.

Evidentemente, gobernar a golpe de Decreto Ley tiene sus riesgos y consecuencias, y esta fugaz reforma es el reflejo de ello.

El Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, constituía un conjunto de medidas que modificaban las “reglas del juego” de los contratos de alquiler.

Norma que modificaba Leyes como la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Propiedad Horizontal y, principalmente, la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Retomando el artículo 86 de la Constitución, todo Decreto Ley necesita el respaldo y convalidación del Congreso de los Diputados durante los treinta días siguientes tras su anuncio en el Boletín Oficial del Estado. De no producirse, tendría lugar la derogación del Real Decreto al entenderse que no se ha obtenido el respaldo de la Cámara.

El 22 de enero de 2019 esta norma jurídica no ha sido respaldada por el Congreso de los Diputados, lo que genera automáticamente que el texto sea derogado, sin perjuicio de haber desplegado efectos jurídicos plenos.

La reforma entró en vigor el 19 de diciembre de 2018, por lo tanto, los contratos de arrendamientos urbanos firmados desde la fecha hasta el 22 de enero del 2019 estarán sujetos a las disposiciones del Real Decreto Ley. Luego los contratos firmados entres las fechas indicadas tendrán una duración de cinco años, mientras que los celebrados antes y después tienen una duración de tres años.

Impacto en los cambios llevados a cabo en la Ley de Propiedad Horizontal:

La reforma frustrada tiene un importante impacto en las modificaciones que se habían llevado a cabo en la Ley de Propiedad Horizontal, de tal forma que la prohibición o limitación de los pisos turísticos por el acuerdo de las 3/5 partes de los propietarios y cuotas, no se aplicará en la actualidad tras la derogación. Igualmente se produce una disminución del fondo de maniobra al que se refiere el artículo 9.1. f) de la LEC, de modo que del 10 % se reduce al 5 %.

En resumen, los contratos de alquiler firmados durante ese mes no quedan anulados, sino que regirán por las disposiciones de la norma derogada, mientras que los contratos que se firmen tras su derogación quedan sujetos a la legislación anterior al 18 de diciembre de 2018.

CONCLUSIÓN:

Un batacazo que podríamos definir como “enredamientos urbanos” en lugar de arrendamientos urbanos.

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