Jurisdicción Penal: Delitos contra la Administración Pública

El bien jurídico común a todos los delitos contra la Administración pública: Se protege el recto y normal funcionamiento de las Administraciones públicas como presupuesto básico de una sociedad democrática. Ello parte del interés general de todos los ciudadanos en que los órganos de la Administración del Estado, en general, y de las demás Administraciones públicas en particular, respondan a criterios de legalidad y efectividad. De este modo, se refuerza el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos en las personas que representan a la función pública. A partir de aquí, existen bienes jurídicos más concretos, como por ejemplo, la imparcialidad en el delito de cohecho, o el patrimonio público y la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos del Estado en el delito de malversación.

La definición de funcionario público del Código Penal no coincide con la del Derecho administrativo, ni depende de este. El concepto penal es más amplio: incluye tanto al funcionario público titular como al interino o contratado temporalmente, ya que lo relevante es que la persona esté al servicio de los entes públicos, con sometimiento de su actividad al control del Derecho administrativo, aunque carezca de las notas de incorporación definitiva o de permanencia que este exige.

La posición del personal laboral contratado tiene una doble vertiente: por un lado, su vinculación con la Administración es de carácter estrictamente temporal y condicionada a la duración del contrato y, por otro, el ejercicio material de funciones públicas, de igual naturaleza y contenido que las que realizaría una persona que tuviese un reconocimiento legal de sus funciones, produciéndose así una equiparación a estos efectos.

El funcionario público puede pertenecer a la Administración estatal, a la autonómica, a la local o a cualquier entidad pública, resultando indiferente cuál haya sido la vía de acceso por la que se haya optado de entre las legalmente establecidas.

  • Prevaricación de funcionarios públicos y otros comportamientos injustos
  • Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos
  • Desobediencia y denegación de auxilio
  • Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos
  • Cohecho
  • Tráfico de influencias
  • Malversación
  • Fraudes y exacciones ilegales
  • Negociaciones y actividades prohibidas y abusos en el ejercicio de su función